martes, 17 de octubre de 2006

Fe, Razón y Finanzas

Recientemente se ha firmado un acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado por el que se modificaba la aportación estatal a la financiación de la Iglesia. Según ha reconocido la propia Conferencia Episcopal, el acuerdo ha sido positivo y mantendrá un nivel de aportación del Estado similar al actual; pero con la ventaja de que ahora toda aportación vendrá respaldada por un contribuyente que habrá marcado la casilla correspondiente de su declaración de renta.

No obstante, la ciudadanía en general no entiende bien por qué el Estado -que es aconfesional- debe financiar a la Iglesia Católica. Aunque esta postura es un poco hipócrita (ya que nadie se pregunta por qué el Estado financia el cine, el deporte o a los homosexuales), creo que es conveniente estar bien informados para saber dar respuesta.

En primer lugar, se debe conocer que la financiación de la Iglesia la efectúan principalmente sus propios fieles, mediante sus aportaciones directas; la aportación del Estado, de unos 144 millones de euros anuales, sólo cubre entre el 20 y el 30% de los gastos. Ese importe que entrega el Estado, por indicación de un 33% de los contribuyentes que marcan su casilla en la declaración, se reparte entre 69 diócesis y 23.000 parroquias, por lo que queda muy distribuido (un millón de pesetas por parroquia y año). Esto permite que un Obispo cobre un sueldo de 864 euros al mes, y los sacerdotes entre 600 y 800, además de la cotización mínima a la Seguridad Social, sin derecho a baja ni paro por lo que cuando se jubilan cobran las pensiones mínimas. Como puede verse, ¡no será el sueldo lo que promueva vocaciones!

Las razones por las que el Estado debe ayudar a la Iglesia son muchísimas y de peso: enunciaré algunas para que podamos utilizarlas en debates domésticos.

El artículo 16.3 de nuestra Constitución dice: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. La cooperación Iglesia-Estado no depende del Gobierno de turno, sino que es un mandato constitucional... el que la rechace, se sale de la Constitución.

En el siglo XIX, cuando la desamortización de Mendizábal, se expropiaron los bienes de la Iglesia sin compensación alguna: por lo tanto es de justicia que o se los devuelvan o se le ayude... al igual que se ha hecho con los sindicatos y otras organizaciones que, por cierto, no tienen entre todas juntas ni la mitad de "afiliados" que la Iglesia.

Si van a Misa unos 7 millones de fieles cada semana, ¿por qué no financiar esa "actividad" con los mismos impuestos que pagan esos fieles?... como se hace con el cine, el teatro o los deportes... que tienen muchos menos "espectadores". Debemos recordar que el Estado no da nada, simplemente reparte entre los ciudadanos el dinero que éstos han pagado con sus impuestos.
¿Cunto vale la aportación que la Iglesia con la enseñanza de su doctrina hace a la sociedad? El Decálogo (no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, etc...) es la mejor manera de promover la estabilidad y paz social; sin la Iglesia Católica, la situación española estaría -si cabe- peor que ahora, con más delitos, más rupturas familiares, delincuencia juvenil y drogodependientes, mucho más SIDA y muchos menos nacimientos... que es el gran problema de España para las próximas décadas. Todo esto, ¿cómo se paga?

Además, debemos conocer la labor social que la Iglesia realiza directamente: 90 hospitales, 111 ambulatorios, 933 asilos de ancianos, 284 orfanatos, 104 centros familiares, 81 centros acogida a toxicómanos y SIDA, 2.833 otros centros asistenciales y 23.000 centros de Cáritas Parroquial. Quizá uno de los datos más desconocidos es que hay 146 capellanes carcelarios que con 2.793 voluntarios atienden a los presos de nuestras cárceles.

Y si queremos descender a la aportación económica que la propia Iglesia hace al Estado, tendremos que hablar del ahorro que suponen los Centros Educativos concertados en los que la Iglesia escolariza a 1.741.697 niños, con un coste para el Estado de sólo 1.841 euros niño/año, cuando en los centros estatales el coste es de 3.518 euros niño/año. Esto, que sólo es posible gracias a la dedicación gratuita de infinidad de religiosos y religiosas, le supone al estado un ahorro de 2.920 millones de euros al año... ¡contra una aportación del Estado de sólo 144 millones!

Creo que después de repasar estas razones, no sólo queda justificada la aportación del Estado a la financiación de la Iglesia, sino que se pone de manifiesto que es bastante tacaña, sobre todo si la comparamos con la generosidad con que se subvencionan otras instituciones que son exclusivamente parasitarias.

Que no se nos olvide marcar la casilla en la declaración... y animar a otros a hacer lo mismo: ¡ahora toda la aportación del Estado depende de ello!

1 comentario:

  1. Anónimo1:03 a. m.

    Estimado José Alberto, como es habitual en ti, con una claridad de exposición envidiable.

    Un abrazo,
    José Antonio Gutiérrez González

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